¿Qué política de ingresos para darle continuidad al IFE?

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Agenda Argentina realizó el conversatorio “Del IFE al Salario Social”, el jueves 3 de septiembre, como parte del ciclo de charlas virtuales que el colectivo de pensamiento crítico ofrece a través de ZOOM y Facebook Live. En el encuentro se analizaron los efectos de la pandemia e intentaron delinear futuras políticas públicas que contemplen al trabajo como organizador social.

Al iniciar la reunión el escenario central giró en torno al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), lo que permitió reflexionar acerca del problema de la redistribución. “¿Cuánto de este ingreso masivo puede señalar un camino respecto a cómo contener a la mayor parte de la población, la más necesitada?”, consultó Paula Lenguita, socióloga e integrante de Agenda Argentina a cargo de la presentación y coordinación de la charla.

Este interrogante abrió el juego a una serie de preguntas que fueron recorriendo una a una las intervenciones de los distintos oradores. ¿Cuál es el piso para condiciones mínimas de sobrevida de la población? ¿Cuánto de esta pandemia nos deja como aprendizaje poder mirar el trabajo invisibilizado y no remunerado, como es el trabajo de las mujeres y las tareas de cuidado y reproducción? ¿Qué tipo de trabajos vamos a reconocer, de qué manera y con qué fin? Ante los conceptos que surgieron la necesidad de un “Estado eficiente” y del trabajo como “organizador social” fueron los más renombrados. Los invitamos a transitar este recorrido en el que los diversos interrogantes marcan la pauta de una salida a la crisis actual que, necesariamente, debe plantearse de forma colectiva.

Relevancia social y económica de las tareas de cuidados
Mercedes D’Alessandro, directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, al iniciar la ronda de oradores destacó al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como una medida rápida en su diseño e implementación ante el actual contexto de emergencia: “A partir de la llegada a casi 9 millones de personas el IFE logró convertirse en una de las medidas más grandes, en términos de su alcance, en la historia del país”.
La economista aportó una serie de datos de interés al respecto: el 61% de las personas que perciben este ingreso son menores de 34 años, mientras el 28% están por debajo de los 25 años, cifras que expresan a un sector significativamente joven. Otro factor destacado es que el 55,7% de quienes reciben el IFE son mujeres.

Desde la Dirección que preside D’Alessandro elaboraron un informe titulado “Los cuidados de un sector estratégico para la Argentina”. En el documento se llevó a cabo la medición de cuánto vale, en términos de PBI, el aporte que hacen mayoritariamente las mujeres en relación a las tareas de cuidados que no son remuneradas: “Si se pagaran los trabajos de cuidados aportarían el 16% del PBI”.
Según quien coordina la Dirección de Economía, Igualdad y Género para abordar una reactivación económica es imprescindible contemplar a las tareas de cuidados y definir a qué se considera trabajo, lo que permitirá organizar conceptualmente cómo debe ser el aporte retribuido a la sociedad. “Tenemos muchos desafíos: nuevamente estamos frente a proyecciones altas de desempleo y pobreza. Debemos ser eficientes en relación a las alternativas que tenemos a disposición y los nichos a impactar para encontrar una salida que sea comunitaria”, concluyó . El trabajo como organizador social

“Cuando pensamos qué pasaje puede darse del IFE a una política de ingresos masiva es importante evaluar cuál trae aparejada mayor justicia social. Hay tres concepciones de políticas de ingresos: el ingreso mínimo originado en los ’90, la renta universal o el ingreso ciudadano y, como caso reciente, el salario social que surgió en la lucha contra el macrismo a fines de 2016”, enumeró Paula Abal Medina, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La socióloga recordó las grandes movilizaciones que llevaron a la sanción de la Ley de Emergencia Social y la creación del Salario Social Complementario en 2016. “Acá vemos cómo el trabajo sigue siendo el gran organizador social: no hay empleo asalariado suficiente, pero sí hay trabajo. La propuesta consiste en generar una remuneración que complemente los ingresos de la economía popular. El salario social es una forma de remuneración que restituye valores porque partimos de dos grandes problemas: la desigualdad y la injusticia en el mundo del trabajo”, expresó.
Abal Medina planteó que además de existir trabajo que no es valorizado económicamente por el mercado, también hay personas que están sometidas a una forma de desvalorización. En este último caso el mismo mercado valora los productos del trabajo, pero esa valoración no llega a los bolsillos del trabajador. “Para ambas situaciones el salario social es una forma restitutiva de estos valores no reconocidos o confiscados”.
Cada política de ingresos está asociada a una noción de la ciudadanía: “Hay una contraposición entre dos formas de concepción de la ciudadanía: por un lado la de la renta universal, donde hay ciudadanos portadores del derecho al ingreso ciudadano; por el otro las organizaciones libres del pueblo que garantizan ese derecho a partir de la categoría del salario social”
“El IFE es una gran iniciativa estatal, sin embargo la cuarentena se pudo sostener porque hay comunidad en los barrios, lazos construidos. La política debe lograr codificar este proceso y darle el reconocimiento y la institucionalización necesarias”, enfatizó.

Valorización de la Economía Popular
Para el director de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, la pandemia marcó la posibilidad de generar transformaciones ya que no es suficiente con lograr recuperarse. “Pese a las limitaciones que hoy tenemos el Estado argentino debe cumplir un rol fundamental: reordenar la división del trabajo en el país, la misma que dejó afuera a una parte importante de nuestra población”, aseguró.

Chena describe a la economía popular como un sector considerado por fuera del empleo pero que, paradójicamente, se volvió a reorganizar en torno al trabajo y como trabajadores. “El trabajo tiene dos grandes funciones que son la de ordenar socialmente y producir riqueza. En Argentina no falta trabajo, falta empleo y un reconocimiento al trabajo que no es empleo”, describió el economista.

El investigador del CONICET planteó que si se quiere reconocer el trabajo en la economía popular es necesario corregir las formas de valorización del mercado incorporando nuevos trabajos: “Podemos ser productivos generando soja como commodity, aunque socialmente no generemos nada. El punto es hacer productivo lo socialmente útil y hoy lo vemos con el RENATEP: ordenar el trabajo de la economía popular nos permite generar nuevos criterios de valorización”.

Al final de su exposición el integrante de Agenda Argentina añadió: “El desafío es formalizar e institucionalizar la economía popular para darle herramientas, poder incorporarla en la división social del trabajo en Argentina. Pareciera que al trabajador informal hay que llevarlo a la formalidad, cuando en realidad hay que extender las fronteras de la formalidad y homogeneizar el mundo del trabajo”.

Estado eficiente
El cierre del encuentro estuvo a cargo de Martín Navarro, el director de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional: “Desde distintos abordajes nos venimos haciendo la pregunta acerca de qué es el trabajo y dónde se subscribe el trabajador o la trabajadora en ese esquema. El nombre economía popular no es sólo simbólico, tiene que ver también con procesos históricos de organización. Fue así como la Ley de Emergencia Social nació como un grito de los trabajadores de la economía popular durante el gobierno de Macri”.
A modo de síntesis, Navarro aseguró que implementar una renta o ingreso universal no funcionaría porque los trabajadores “se organizan”. “Al transitar el país distintas experiencias nos demuestran que hay muchas formas de trabajo, incluso trabajos cercanos como el de los cuidados que no veíamos. Debe conformarse una mesa integral en la que la política debe revalorizar lo que hace la economía popular que sabe utilizar los recursos de manera eficiente, con respeto al ambiente, sin contaminar”, destacó.

En relación a la sancionada Ley de Emergencia Social Navarro recordó que tenía propuesta sobre tres ejes: el salario social complementario, como reconocimiento a los trabajadores por el que se recibe una contraprestación; el registro, que permitió contabilizarlos y adquirir más datos del sector; el salario social estaba sujeto al salario mínimo, vital y móvil, por lo que de esta manera se accedía a las paritarias.
“Tenemos un Estado presente, ahora necesitamos un Estado eficiente. El IFE nos demostró que hay una desigualdad enorme en Argentina, por lo que se necesita de un Estado que aporte soluciones”, enfatizó Navarro. A lo que también agregó: “Este país no funciona más con planes sociales. El salario tiene esa connotación de trabajo, debemos pensar cómo transformar a este sector para que la producción de la economía popular se articule a la economía en general con formato de trabajo”.