Relatoría de la Comisión de Economía, producción y trabajo - Foro "Hablemos de transformaciones" 2020

La crisis económico-social causada por la pandemia
Al momento de la irrupción de la pandemia, nuestro país se encontraba en un escenario de emergencia económica y social. El gabinete del Frente de Todos asumió en un contexto de altos índices de pobreza, trabajo precarizado y no reconocido, desempleo e informalidad, deuda pública en default, estanflación y crecientes problemas de indigencia. Y sólo tres meses después de haber asumido el gobierno y marcar los objetivos de acción para lograr una recuperación nacional sustentable en este complejo escenario, la pandemia provocada por el virus COVID-19 hizo irrumpir nuevos y nocivos efectos sobre los principales indicadores económicos de nuestro país.

A nivel mundial, esta pandemia generó gravísimas consecuencias sobre buena parte de las economías nacionales, siguiendo lo informado por el Ministerio de Producción de la Nación: durante el segundo trimestre del año, la actividad económica interanual peruana registró un contracción del 40,5%, la ecuatoriana una del 34,1%, la de República Dominicana una del 29,8% y la francesa una del 29%. Argentina expresó una caída del 26,4% y detrás de nuestro país se ubicaron Reino Unido (-24,5%), Bolivia (-22,4%), México (-19,7%), Colombia (-20,1%), Brasil (-15,1%) y Estados Unidos (-10%). Para nuestro país, este resultado constituye el peor desde que hay registro del mismo, muy por encima del observado en el peor momento de la crisis de 2001-2002, cuando llegó a caer un 16,7%.

A nivel productivo, la pandemia provocó un efecto nocivo sobre la cantidad de empresas en actividad: hasta el segundo trimestre del año, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa perdió más de 20.000 unidades productivas, mientras que las grandes perdieron 46, según AFIP. Sin embargo, las empresas de entre 2.500 y 5.000 trabajadores mostraron un crecimiento en su actividad, lo cual expresa de manera saliente el alto nivel de concentración de la actividad económica que se presenta en algunos sectores productivos dominantes.

En el análisis por sector, el manufacturero registró una caída récord en Abril (-33,5% interanual según INDEC) que luego comenzó a revertirse y en Mayo moderó su caída al 26,4% (también récord en términos históricos). Cuando el 10 de Mayo se rehabilitaron la mayoría de las plantas de rubros no esenciales, la tendencia siguió moderándose y a principios de Julio la caída se ubicó en el 12%. Por su parte, el de alimentos fue el sector industrial que menor caída registró en el mes de Mayo (5,4%), según INDEC, mostrando las incidencias más negativas en frutas, hortalizas y legumbres (-29,6%) y bebidas (19,4%). Por último, de acuerdo a la Cámara Argentina del Acero, la producción siderúrgica cayó 41,1% interanual en Junio, moderando la caída de Mayo (-52,2%). 

¿Cómo nos encontró la pandemia?
En la Argentina, la mitad de la Población Económicamente Activa no tiene un trabajo protegido, es decir que no está alcanzada por los derechos laborales. Si analizamos el mapa laboral previo a la pandemia nos encontramos con 1,6 millones de trabajadores y trabajadoras desocupados. Una gran parte de los trabajadores que tienen una relación asalariada (3,3 millones en el ámbito privado) no están registrados, es decir se encuentran por fuera del marco legal debido al incumplimiento de su empleador. A esto se suma el millón de trabajadoras de casas particulares (el 75% del total) que realiza sus tareas sin cobertura legal y 350.000 empleados del sector público. A este conjunto de trabajadores y trabajadoras desprotegidos/as se suma el trabajo por cuenta propia: se estima que 2,6 millones de personas realizan su actividad laboral en la informalidad ya que no realizan aportes a la seguridad social (monotributo, monotributo social, régimen autónomo).  Esto nos da un total de 9 millones de personas que tienen serios problemas para acceder a los derechos laborales y nos presenta un mundo laboral sumamente fragmentado y heterogéneo.

El escenario de crisis provocado por la pandemia se monta sobre una situación sumamente delicada que dejó el gobierno de Cambiemos luego de 4 años de gestión: pérdida del poder adquisitivo del 20% en el salario de los trabajadores y trabajadoras del sector formal,  acompañada por el crecimiento del empleo no registrado y del cuentapropismo. El empleo no registrado creció hasta alcanzar casi el 36% en diciembre de 2019, se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado y aumentaron los trabajos precarios vinculados al monotributo.

Paralelamente, es necesario destacar que históricamente en nuestro país las mujeres han enfrentado mayores niveles de desempleo y de precarización laboral que los varones, por lo que la brecha de ingresos entre ambos grupos es de 27,7% y aumenta cuando se trata de trabajos informales al 36,8%. Esta asimetría se profundiza por la desigual distribución de tareas domésticas y de cuidados no remunerados, ya que las mujeres dedican el triple de tiempo que los varones a estas tareas. Son 9 de cada 10 mujeres quienes están a cargo de dichas tareas y estas jornadas de trabajo no pago se extienden -en promedio- a 4,6 horas al día, lo cual ayuda a explicar los mayores niveles de precarización laboral y desempleo que ellas sufren en el mercado laboral. El resultado de estos fenómenos es la feminización de la pobreza: las mujeres están sobrerrepresentadas en el decil de ingresos más bajos (69%) y subrepresentadas en el de ingresos más altos (37%). Una situación aún más compleja es la que viven las identidades diversas, especialmente las personas trans, travestis y no binaries.  Si bien la aprobación del cupo laboral travesti-trans en todos los sectores del Estado es un gran avance, es necesario continuar visibilizando y reivindicando sus derechos no sólo laborales sino también a nivel educativo y habitacional, que resultan aspectos necesarios para el desarrollo y la integración social.

Por último, vale destacar que el sector de los/as trabajadores de la economía popular, el cual demuestra no sólo una constante expansión sino también una creciente formalización, exige el reconocimiento institucional de los saberes de estos trabajadores en todas sus dimensiones. A futuro, la eliminación de planes sociales en pos del reconocimiento y la generación de fuentes de trabajo permitirá alcanzar actividades como la construcción de vivienda, la producción de alimentos saludables, el cuidado de la tierra, el uso de energías renovables, la consolidación de una economía verde y los trabajos de cuidado, las cuales resultan estructurales para la consolidación de un modelo de país más inclusivo.

¿Cómo afrontó la pandemia el gobierno argentino?
Esta pandemia ha dejado en evidencia las enormes desigualdades existentes a nivel mundial. Las consecuencias económicas no son las mismas para quienes cuentan con ingresos estables que para quienes dependen de su trabajo cotidiano para subsistir. Así como también son diferentes para quienes cuentan con recursos para acceder a los cuidados sanitarios que demanda la pandemia y quienes no los tienen. En ese sentido, emerge la importancia del rol del Estado, para garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos en su conjunto cuenten con un piso económico y con acceso al sistema de salud, así como también para evitar que la crisis económica se profundice perjudicando a los más desprotegidos.

Las decisiones tomadas por el presidente Alberto Fernandez, priorizando la salud de las y los argentinos, fueron fundamentales en tal sentido. El actual gobierno ha desplegado una serie de políticas públicas tendientes a moderar los efectos negativos de la pandemia: la prohibición de despidos, el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas y la implementación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por el que el Estado paga parte del salario de los/as trabajadores/as formales del sector privado -por un lado- y se compromete como garante de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos/as -por el otro-.

El IFE alcanzó a casi 9 millones de personas que no cuentan con un trabajo formal. A la fecha ya se cobraron 3 IFE de $10.000 cada uno. El ATP, por su parte, alcanzó a 2,6 millones de trabajadores y trabajadoras en su primer pago, cifra que se fue modificando a lo largo de los meses en función de la facturación de las empresas. Para dimensionar la importancia de estas políticas: el esfuerzo realizado entre el IFE, la tarjeta Alimentar y el aumento en AUH, evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia al cierre del primer semestre del año. A su vez, las políticas implementadas se hicieron con perspectiva de género: el 68% de las transferencias realizadas se dirigieron al 50% de la población de menores ingresos, en el que la representación de las mujeres es mayoritaria.

Otro factor central para estimular la reactivación económica nacional ha sido reestructurar la deuda pública con los acreedores externos. Una parte de la grave herencia que dejó el macrismo y que equivale a 66.000 millones de dólares. Esta deuda con legislación extranjera alcanzó el 99% de aceptación y permitió salir del default. Pero el dato más importante del canje es que Argentina tendrá una gran quita de su deuda: en los próximos diez años nuestra economía se ahorrará alrededor de 37.700 millones de dólares. Además reducirá a más de la mitad la tasa de interés promedio que se paga por los bonos emitidos. El paso que sigue será cerrar la deuda contraída con el FMI a fin de completar una estrategia que brinde mayor certidumbre a nuestra economía.

En torno a los ejes mencionados se desarrolló la Comisión de Economía, Producción y Trabajo del Foro Agenda Argentina 2020, el día 8 de agosto del corriente año. Contó con la presencia de Ernesto Mattos -Director del Programa de Información y Análisis Regional del Ministerio de Economía-, Paula Español -Secretaria de Comercio Interior en el Ministerio de Desarrollo Productivo-, Martín Pollera -Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior-, Melina Mallamace -Jefa de Gabinete en el Ministerio de Economía de la Nación-, Ada Veiga Ricco -Vicepresidenta de ENAC y Vicepresidenta de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis-, Gustavo Idoyaga -contador y periodista en una amplia diversidad de medios-, Claudia Lazzaro -del Sindicato de Obreros Curtidores y actual Directora de Políticas para la Equidad en la Provincia de Buenos Aires-, Guillermo Merediz -Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de la Nación en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación-, Mercedes D’Alessandro -Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía- y Haroldo Mantagu -Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía-.

Durante las intervenciones se destacó que en el contexto actual de doble crisis -una nacional heredada del gobierno anterior y una mundial desatada por la pandemia-, la reestructuración de la deuda externa constituyó un paso central en el camino hacia estabilizar la economía y la dinámica de desarrollo de nuestro país. En este sentido, la agenda de transformación productiva se planteó como el corazón del proyecto de acción del gobierno actual, con el objetivo de alcanzar la consolidación de un estado inteligente capaz de desplegar una política industrial tendiente a transformar la matriz productiva. Para ello, la consolidación y la accesibilidad tecnológica, así como la recuperación de conceptos como innovación, modernización y eficiencia desde un gobierno popular como el actual, se destacaron como líneas directrices fundamentales. Del mismo modo, la incorporación de la perspectiva de género, a fin de que mujeres y disidencias formen parte de un proceso de desarrollo productivo con más igualdad a través de políticas que aceleren su incorporación en los sectores estratégicos como la industria del conocimiento y la energía. Finalmente, entre los desafíos futuros también se sostuvo la importancia de consolidar planes de desarrollo provinciales que se armonicen con uno federal, a fin de abordar y superar las desigualdades ambientales y territoriales que tiene nuestro país, destacando el rol de las cooperativas y de pequeñas y medianas empresas como instancias de organización y dinamización de los procesos de desarrollo.

¿Cómo seguimos?
Sabemos que la Argentina y el mundo han cambiado producto de la pandemia. Es tan urgente como necesario pensar en nuevas formas de desarrollo que permitan atravesar la transición hacia el futuro que viene. El gobierno nacional ha sabido identificar, adaptar y mejorar sus capacidades para alcanzar las necesidades de una sociedad muy golpeada. Escuchar, llegar y resolver es donde reside la primera transformación del Estado y es importante ver esta crisis como una oportunidad para hacerlo mejor. En este contexto, el desafío de mantener y actualizar ese esquema de contención se combina con la necesidad de sentar las bases para la reconstrucción. La reestructuración de la deuda con los acreedores privados comenzó a despejar el panorama para abordar ese desafío y resolver la situación con el FMI aportará en ese mismo sentido. A su vez, el proyecto de presupuesto para el año que viene enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo traza algunos ejes que empiezan a delinear ese camino.

Es el momento de construir sistemas solidarios e integradores que aporten robustez a nuestras economías para que puedan desarrollarse. Los desafíos que enfrentamos están lejos de ser sencillos ya que su dimensión es directamente proporcional a la profundidad de la crisis actual. Es imperioso pensar nuevos esquemas que prioricen la construcción de sociedades igualitarias, para lo cual se requiere de la participación activa del conjunto de los actores sociales. Para ello contamos con un gobierno y buena parte de la sociedad decididos a discutir cuestiones fundamentales como el entramado productivo, las políticas fiscales y regulatorias, y la concentración de la riqueza. Como dijera el papa Francisco en su nueva encíclica “Fratelli tutti”, debemos construir desde la fraternidad y la amistad social para “rehabilitar la sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas; tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y sobre ese pilar construir las estructuras sociales alternativas que necesitamos”. Podemos lograrlo a través del diálogo, del impulso de políticas públicas inclusivas y de la decisión política de avanzar hacia un modelo económico y productivo socialmente justo.

Autor: Agenda Argentina
Compilación: Marina Salzmann, Matías Maito, Martín Navarro, Victoria Zaccari, Lucía Gutiérrez
Comisión: Alexandre Roig, Delfina Rossi, Facundo Morales, Leo Bilanski, Sol Prieto, Julián Hofele, Tania Rodríguez, Abelardo Vitale, Roberto Arias, Valeria Ayala