La crisis económico-social causada por la pandemia
Al momento de la irrupción de la pandemia, nuestro país se encontraba en un escenario de emergencia económica y social. El gabinete del Frente de Todos asumió en un contexto de altos índices de pobreza, trabajo precarizado y no reconocido, desempleo e informalidad, deuda pública en default, estanflación y crecientes problemas de indigencia. Y sólo tres meses después de haber asumido el gobierno y marcar los objetivos de acción para lograr una recuperación nacional sustentable en este complejo escenario, la pandemia provocada por el virus COVID-19 hizo irrumpir nuevos y nocivos efectos sobre los principales indicadores económicos de nuestro país.

A nivel mundial, esta pandemia generó gravísimas consecuencias sobre buena parte de las economías nacionales, siguiendo lo informado por el Ministerio de Producción de la Nación: durante el segundo trimestre del año, la actividad económica interanual peruana registró un contracción del 40,5%, la ecuatoriana una del 34,1%, la de República Dominicana una del 29,8% y la francesa una del 29%. Argentina expresó una caída del 26,4% y detrás de nuestro país se ubicaron Reino Unido (-24,5%), Bolivia (-22,4%), México (-19,7%), Colombia (-20,1%), Brasil (-15,1%) y Estados Unidos (-10%). Para nuestro país, este resultado constituye el peor desde que hay registro del mismo, muy por encima del observado en el peor momento de la crisis de 2001-2002, cuando llegó a caer un 16,7%.

A nivel productivo, la pandemia provocó un efecto nocivo sobre la cantidad de empresas en actividad: hasta el segundo trimestre del año, el sector de la micro, pequeña y mediana empresa perdió más de 20.000 unidades productivas, mientras que las grandes perdieron 46, según AFIP. Sin embargo, las empresas de entre 2.500 y 5.000 trabajadores mostraron un crecimiento en su actividad, lo cual expresa de manera saliente el alto nivel de concentración de la actividad económica que se presenta en algunos sectores productivos dominantes.

En el análisis por sector, el manufacturero registró una caída récord en Abril (-33,5% interanual según INDEC) que luego comenzó a revertirse y en Mayo moderó su caída al 26,4% (también récord en términos históricos). Cuando el 10 de Mayo se rehabilitaron la mayoría de las plantas de rubros no esenciales, la tendencia siguió moderándose y a principios de Julio la caída se ubicó en el 12%. Por su parte, el de alimentos fue el sector industrial que menor caída registró en el mes de Mayo (5,4%), según INDEC, mostrando las incidencias más negativas en frutas, hortalizas y legumbres (-29,6%) y bebidas (19,4%). Por último, de acuerdo a la Cámara Argentina del Acero, la producción siderúrgica cayó 41,1% interanual en Junio, moderando la caída de Mayo (-52,2%). 

¿Cómo nos encontró la pandemia?
En la Argentina, la mitad de la Población Económicamente Activa no tiene un trabajo protegido, es decir que no está alcanzada por los derechos laborales. Si analizamos el mapa laboral previo a la pandemia nos encontramos con 1,6 millones de trabajadores y trabajadoras desocupados. Una gran parte de los trabajadores que tienen una relación asalariada (3,3 millones en el ámbito privado) no están registrados, es decir se encuentran por fuera del marco legal debido al incumplimiento de su empleador. A esto se suma el millón de trabajadoras de casas particulares (el 75% del total) que realiza sus tareas sin cobertura legal y 350.000 empleados del sector público. A este conjunto de trabajadores y trabajadoras desprotegidos/as se suma el trabajo por cuenta propia: se estima que 2,6 millones de personas realizan su actividad laboral en la informalidad ya que no realizan aportes a la seguridad social (monotributo, monotributo social, régimen autónomo).  Esto nos da un total de 9 millones de personas que tienen serios problemas para acceder a los derechos laborales y nos presenta un mundo laboral sumamente fragmentado y heterogéneo.

El escenario de crisis provocado por la pandemia se monta sobre una situación sumamente delicada que dejó el gobierno de Cambiemos luego de 4 años de gestión: pérdida del poder adquisitivo del 20% en el salario de los trabajadores y trabajadoras del sector formal,  acompañada por el crecimiento del empleo no registrado y del cuentapropismo. El empleo no registrado creció hasta alcanzar casi el 36% en diciembre de 2019, se perdieron más de 200.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado y aumentaron los trabajos precarios vinculados al monotributo.

Paralelamente, es necesario destacar que históricamente en nuestro país las mujeres han enfrentado mayores niveles de desempleo y de precarización laboral que los varones, por lo que la brecha de ingresos entre ambos grupos es de 27,7% y aumenta cuando se trata de trabajos informales al 36,8%. Esta asimetría se profundiza por la desigual distribución de tareas domésticas y de cuidados no remunerados, ya que las mujeres dedican el triple de tiempo que los varones a estas tareas. Son 9 de cada 10 mujeres quienes están a cargo de dichas tareas y estas jornadas de trabajo no pago se extienden -en promedio- a 4,6 horas al día, lo cual ayuda a explicar los mayores niveles de precarización laboral y desempleo que ellas sufren en el mercado laboral. El resultado de estos fenómenos es la feminización de la pobreza: las mujeres están sobrerrepresentadas en el decil de ingresos más bajos (69%) y subrepresentadas en el de ingresos más altos (37%). Una situación aún más compleja es la que viven las identidades diversas, especialmente las personas trans, travestis y no binaries.  Si bien la aprobación del cupo laboral travesti-trans en todos los sectores del Estado es un gran avance, es necesario continuar visibilizando y reivindicando sus derechos no sólo laborales sino también a nivel educativo y habitacional, que resultan aspectos necesarios para el desarrollo y la integración social.

Por último, vale destacar que el sector de los/as trabajadores de la economía popular, el cual demuestra no sólo una constante expansión sino también una creciente formalización, exige el reconocimiento institucional de los saberes de estos trabajadores en todas sus dimensiones. A futuro, la eliminación de planes sociales en pos del reconocimiento y la generación de fuentes de trabajo permitirá alcanzar actividades como la construcción de vivienda, la producción de alimentos saludables, el cuidado de la tierra, el uso de energías renovables, la consolidación de una economía verde y los trabajos de cuidado, las cuales resultan estructurales para la consolidación de un modelo de país más inclusivo.

¿Cómo afrontó la pandemia el gobierno argentino?
Esta pandemia ha dejado en evidencia las enormes desigualdades existentes a nivel mundial. Las consecuencias económicas no son las mismas para quienes cuentan con ingresos estables que para quienes dependen de su trabajo cotidiano para subsistir. Así como también son diferentes para quienes cuentan con recursos para acceder a los cuidados sanitarios que demanda la pandemia y quienes no los tienen. En ese sentido, emerge la importancia del rol del Estado, para garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos en su conjunto cuenten con un piso económico y con acceso al sistema de salud, así como también para evitar que la crisis económica se profundice perjudicando a los más desprotegidos.

Las decisiones tomadas por el presidente Alberto Fernandez, priorizando la salud de las y los argentinos, fueron fundamentales en tal sentido. El actual gobierno ha desplegado una serie de políticas públicas tendientes a moderar los efectos negativos de la pandemia: la prohibición de despidos, el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas y la implementación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por el que el Estado paga parte del salario de los/as trabajadores/as formales del sector privado -por un lado- y se compromete como garante de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos/as -por el otro-.

El IFE alcanzó a casi 9 millones de personas que no cuentan con un trabajo formal. A la fecha ya se cobraron 3 IFE de $10.000 cada uno. El ATP, por su parte, alcanzó a 2,6 millones de trabajadores y trabajadoras en su primer pago, cifra que se fue modificando a lo largo de los meses en función de la facturación de las empresas. Para dimensionar la importancia de estas políticas: el esfuerzo realizado entre el IFE, la tarjeta Alimentar y el aumento en AUH, evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia al cierre del primer semestre del año. A su vez, las políticas implementadas se hicieron con perspectiva de género: el 68% de las transferencias realizadas se dirigieron al 50% de la población de menores ingresos, en el que la representación de las mujeres es mayoritaria.

Otro factor central para estimular la reactivación económica nacional ha sido reestructurar la deuda pública con los acreedores externos. Una parte de la grave herencia que dejó el macrismo y que equivale a 66.000 millones de dólares. Esta deuda con legislación extranjera alcanzó el 99% de aceptación y permitió salir del default. Pero el dato más importante del canje es que Argentina tendrá una gran quita de su deuda: en los próximos diez años nuestra economía se ahorrará alrededor de 37.700 millones de dólares. Además reducirá a más de la mitad la tasa de interés promedio que se paga por los bonos emitidos. El paso que sigue será cerrar la deuda contraída con el FMI a fin de completar una estrategia que brinde mayor certidumbre a nuestra economía.

En torno a los ejes mencionados se desarrolló la Comisión de Economía, Producción y Trabajo del Foro Agenda Argentina 2020, el día 8 de agosto del corriente año. Contó con la presencia de Ernesto Mattos -Director del Programa de Información y Análisis Regional del Ministerio de Economía-, Paula Español -Secretaria de Comercio Interior en el Ministerio de Desarrollo Productivo-, Martín Pollera -Subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior-, Melina Mallamace -Jefa de Gabinete en el Ministerio de Economía de la Nación-, Ada Veiga Ricco -Vicepresidenta de ENAC y Vicepresidenta de la Federación Nacional de Propietarios de Taxis-, Gustavo Idoyaga -contador y periodista en una amplia diversidad de medios-, Claudia Lazzaro -del Sindicato de Obreros Curtidores y actual Directora de Políticas para la Equidad en la Provincia de Buenos Aires-, Guillermo Merediz -Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de la Nación en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación-, Mercedes D’Alessandro -Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía- y Haroldo Mantagu -Secretario de Política Económica del Ministerio de Economía-.

Durante las intervenciones se destacó que en el contexto actual de doble crisis -una nacional heredada del gobierno anterior y una mundial desatada por la pandemia-, la reestructuración de la deuda externa constituyó un paso central en el camino hacia estabilizar la economía y la dinámica de desarrollo de nuestro país. En este sentido, la agenda de transformación productiva se planteó como el corazón del proyecto de acción del gobierno actual, con el objetivo de alcanzar la consolidación de un estado inteligente capaz de desplegar una política industrial tendiente a transformar la matriz productiva. Para ello, la consolidación y la accesibilidad tecnológica, así como la recuperación de conceptos como innovación, modernización y eficiencia desde un gobierno popular como el actual, se destacaron como líneas directrices fundamentales. Del mismo modo, la incorporación de la perspectiva de género, a fin de que mujeres y disidencias formen parte de un proceso de desarrollo productivo con más igualdad a través de políticas que aceleren su incorporación en los sectores estratégicos como la industria del conocimiento y la energía. Finalmente, entre los desafíos futuros también se sostuvo la importancia de consolidar planes de desarrollo provinciales que se armonicen con uno federal, a fin de abordar y superar las desigualdades ambientales y territoriales que tiene nuestro país, destacando el rol de las cooperativas y de pequeñas y medianas empresas como instancias de organización y dinamización de los procesos de desarrollo.

¿Cómo seguimos?
Sabemos que la Argentina y el mundo han cambiado producto de la pandemia. Es tan urgente como necesario pensar en nuevas formas de desarrollo que permitan atravesar la transición hacia el futuro que viene. El gobierno nacional ha sabido identificar, adaptar y mejorar sus capacidades para alcanzar las necesidades de una sociedad muy golpeada. Escuchar, llegar y resolver es donde reside la primera transformación del Estado y es importante ver esta crisis como una oportunidad para hacerlo mejor. En este contexto, el desafío de mantener y actualizar ese esquema de contención se combina con la necesidad de sentar las bases para la reconstrucción. La reestructuración de la deuda con los acreedores privados comenzó a despejar el panorama para abordar ese desafío y resolver la situación con el FMI aportará en ese mismo sentido. A su vez, el proyecto de presupuesto para el año que viene enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo traza algunos ejes que empiezan a delinear ese camino.

Es el momento de construir sistemas solidarios e integradores que aporten robustez a nuestras economías para que puedan desarrollarse. Los desafíos que enfrentamos están lejos de ser sencillos ya que su dimensión es directamente proporcional a la profundidad de la crisis actual. Es imperioso pensar nuevos esquemas que prioricen la construcción de sociedades igualitarias, para lo cual se requiere de la participación activa del conjunto de los actores sociales. Para ello contamos con un gobierno y buena parte de la sociedad decididos a discutir cuestiones fundamentales como el entramado productivo, las políticas fiscales y regulatorias, y la concentración de la riqueza. Como dijera el papa Francisco en su nueva encíclica “Fratelli tutti”, debemos construir desde la fraternidad y la amistad social para “rehabilitar la sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas; tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y sobre ese pilar construir las estructuras sociales alternativas que necesitamos”. Podemos lograrlo a través del diálogo, del impulso de políticas públicas inclusivas y de la decisión política de avanzar hacia un modelo económico y productivo socialmente justo.

Autor: Agenda Argentina
Compilación: Marina Salzmann, Matías Maito, Martín Navarro, Victoria Zaccari, Lucía Gutiérrez
Comisión: Alexandre Roig, Delfina Rossi, Facundo Morales, Leo Bilanski, Sol Prieto, Julián Hofele, Tania Rodríguez, Abelardo Vitale, Roberto Arias, Valeria Ayala

Desafíos para la Política Exterior Argentina: reposicionarnos en un escenario internacional incierto.

La comisión de política internacional que se desarrolló durante el “Foro Agenda Argentina 2020”  estuvo coordinada por Pilar Unsain (Genera), Anahí Ciliberti (San juan) Lucas Villasenin (Instituto Democracia) y Federico Escribal (URBE), contando con la participación de más de 60 compañeros y compañeras. 

El debate verso alrededor de los ejes de trabajo que fueron definidos en el pre-encuentro del foro: (1) los desafíos del desarrollo Sostenible, (2) la disputa por la hegemonía entre China y EEUU, las oportunidades y desafíos que encarna para la región y para Argentina (3) la diversificación de alianzas, ya sea evaluando las potencialidades de la vinculación con el sudeste asiático y la relación con nuevos emergentes como India, así como (4) la necesidad de repensar la relación con la Unión Europea  y los socios tradicionales de ña Argentina. 

Por otro lado los desafíos regionales: (1) la relación bilateral con Brasil  y cómo impacta en las dinámicas del MERCOSUR, (2) la reconfiguración de la alianza regional e implicancias para la estabilidad en términos políticos y estratégicos en relación al escenario de atomización actual y la crisis democrática marcada por estallidos sociales y violencia institucional. 

La introducción de las temáticas de debate la realizaron los invitados especiales: Eduardo Zuain, Director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación -ISEN- y Ex Vice Canciller; Matías Capeluto, Director Ejecutivo Casa Patria Grande "Presidente Néstor C. Kirchner"; Martin Schapiro, Asesor en Asuntos Internacionales - Ministerio de Desarrollo Productivo; Cecilia Mendoza, perteneciente a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; y Juan Manuel Karg Politólogo UBA. Magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos y Analista internacional.

DESAFÍOS GLOBALES

El orden mundial globalizado está en disputa. La pandemia del coronavirus movilizó las estructuras de ese orden que ya venían en crisis. Suele repetirse que esta crisis no hizo más que profundizar las tendencias mundiales preexistentes; por ejemplo: cambio climático, automatización de la producción, crisis del multilateralismo, capitalismo de plataformas y competencia entre EEUU y China.

La crisis del multilateralismo y el endurecimiento de los procesos, de las discusiones y de la acción política de los organismos internacionales en los últimos años se evidenció aún más en la pandemia al mostrar el inmovilismo o la reacción tardía de muchas instituciones de cooperación internacional, con la excepción de la OMS (que además es blanco de múltiples críticas), incluida el reciente abandono de los EEUU de los países aportantes. Estos organismos no están exentos de ser campo de disputa de la competencia entre EE.UU y China, especialmente si se observa el crecimiento del peso de la diplomacia y representación China en la ONU.

En cuanto a la situación social, durante los meses previos a la pandemia ya había, a escala mundial, movilizaciones sociales de demandas a un Estado que, en la mayoría de los casos, había dejado de cumplir con el contrato del orden democrático liberal; todo lo cual no hizo sino aumentar encontrando represión y violencia institucional en los países más “desarrollados” del mundo. 

Desde la comisión se planteó la necesidad de convertir en virtudes los aprendizajes de la pandemia, diseñando estrategias de supervivencia. Para esto se coincidió en no enamorarse de los instrumentos perdidos, sino hacer foco en los dispositivos que se deben construir para esta etapa. En este sentido, creemos que la ciencia y la tecnología pueden traccionar alianzas renovadas.

DESAFÍOS REGIONALES

Partiendo de la premisa de que ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice, se abordó la situación regional con preocupación. Se identifica a un Brasil que, de forma símilar a los Estados Unidos, abandona el rol de liderazgo consensuado que Lula había logrado construir muy arduamente en el equilibrio de una región con un ethos anti hegemónico muy fuerte. Brasil le da la espalda a los procesos regionales como Estados Unidos le da la espalda a los procesos globales, se mira hacia dentro y deja un vacío de poder peligroso. En el marco mundial ese vacío de poder está siendo rápidamente ocupado por China, mientras qué en el marco regional el problema es que ningún Estado está en capacidad de ocupar ese lugar fácilmente. Desde esta perspectiva, la pérdida de liderazgo de Brasil en términos regionales y su poco interés por recuperarlo puede ser una oportunidad para Argentina, pero también trae aparejado un enorme problema de estabilidad en la región. 

En este marco Argentina se encuentra con dos desafíos clave el sostenimiento del Mercosur bloque regional y la relación bilateral con Brasil, que ha sido, históricamente, la columna vertebral de la integración sudamericana. Sin coordinar una estrategia con el vecino de más peso gravitacional en nuestro vecindario es muy difícil que Argentina pueda articular políticas regionales, especialmente en un contexto adverso tanto en términos regionales como mundiales. 

A la situación de cada país, que puede afectar las relaciones bilaterales, se suma la debilidad de las instancias de cooperación y resolución de conflictos, principalmente en períodos de divergencia ideológica. Sin embargo, los desafíos que motivan la integración subsisten: preservar el continente como zona de paz, eliminar la pobreza y reducir la desigualdad, subsanar los desequilibrios en el desarrollo territorial y la desconexión, fortalecer las instituciones y la defender los intereses comunes frente al resto del mundo

En la Comisión se ratificó la necesidad de profundizar la integración regional para cobrar trascendencia en la agenda geopolítica global, orientándose a una estrategia basada en el fortalecimiento de un perfil productivo que incluya pero exceda la agroexportación. En este marco, la comisión considero que es clave centrarse en la integración física. A la par, la dimensión cultural se reconoció como central, en tanto la agenda de la integración se percibe apropiada principal y casi exclusivamente por la militancia política, y no necesariamente por los pueblos. Este objetivo debe sostenerse más allá de las diferencias ideológicas y políticas que eventualmente podamos tener con los gobiernos que circunstancialmente se dan en los países hermanos.

Argentina viene recuperando su rol de liderazgo regional, perdido en los últimos años, con el fin de sostener la estabilidad y defender la democracia de cara a la construcción de autonomía basada en un modelo de desarrollo regional integrado. El siglo XXI tiene que ser el de la integración suramericana, y eso requiere audacia.

 

El cambio sustancial en términos de políticas públicas sobre niños, niñas y adolescentes en Argentina tuvo un primer paso en el año 1990 y un segundo, y estructural, por lo menos en términos normativos en el año 2005. El primero de ellos tiene que ver con la ley nacional 23.849 que aprueba la Convención de los Derechos del Niño/a y adolescente en nuestro país, adquiriendo jerarquía constitucional a partir de la reforma de la propia constitución nacional en el año 1994. Sin embargo la década del´90 en nuestro país, y en muchos países de la región estuvo digitada por el Consenso de Washington, lo cual aumentó considerablemente los niveles de desocupación y pobreza, el Estado se encogió al mínimo producto de políticas privatistas a mansalva generando una situación socio-económica crítica, con una enorme concentración de la riqueza, una nula distribución del ingreso y un aumento exponencial de la brecha entre quienes más tenían y quienes nada tenían. Es por este contexto que aquel primer paso que nombrábamos más arriba en términos de reconocimiento de derechos fue prácticamente intraducible en la práctica ya que las políticas llevadas adelante por el gobierno más que de ampliar y reconocer derechos era de vulneración permanente. E. Busteló Graffigna lo analiza sucintamente:

Analizar el hecho “social” del ser pobre o más particularmente niño/a- adolescente-pobre, no relacionándolos a los procesos económicos de concentración de ingresos, riqueza y poder, es como trabajar para y por su reproducción.

Siguiendo con la línea histórica, y yendo a un segundo momento de reconocimiento de derechos, la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada el 28 se septiembre de 2005, fue un avance estructural y simbólico fundamental en cuanto a reconocer al niño/a y al adolescente como sujeto de derecho y por sobre todo ubicando al Estado, y a organismos que se propone crear dicha ley, como garantes de dicho reconocimiento. A partir de este hecho trascendental comienzan a tomar protagonismo distintas medidas tendientes a poner en ejercicio dicha norma, ya que los gobiernos de este tiempo histórico, por lo menos en una primera etapa, tenían una concepción del Estado como promotor de derechos, dándole nacimiento a un organismo como la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) garante especifico por parte del Estado de los derechos postulados en la ley, y por ende en la Convención. Medidas tales como la Asignación Universal por Hijo, el Plan Qunita (Entrega de cuna y accesorios para recién nacides), la ley de Identidad de Género, de Parto y Nacimiento Respetado, de Educación Nacional, de Educación Sexual Integral y la de Reparación económica para las niñas, niños y adolescentes (reparación económica mensual y cobertura de salud a hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar y/o de género.) me parecen algunas normativas centrales en cuanto a reconocimiento y ampliación de derechos de niños, niñas y adolescentes.

En el período 2015-2019 , durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri en Argentina se ha dejado un saldo muy crítico en términos de indicadores laborales y sociales. Desde una perspectiva más general los índices de desempleo, sobre todo en los sectores más vulnerables han aumentado considerablemente, incrementando los niveles de pobreza e indigencia. La inflación ha tocado puntos históricos, lo cual trajo una gran pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, afectando y vulnerando así los derechos básicos de los niños, niñas y adolescentes que conforman esos grupos familiares. Ahondando en políticas más específicas de este grupo social también hubo enormes deficiencias o ausencia de políticas públicas que garantizaran sus derechos, desde lo recreativo, dando de baja algunos programas para adolescentes, a nivel educativo siguieron faltando establecimientos nuevos, servicios de micros y un descuido absoluto de los comedores escolares, aun sabiendo que muchos niños/as y adolescentes reciben de la escuela su comida principal. En cuanto a salud ha habido muchas dificultades con el cumplimiento de calendario vacunatorio obligatorio, con faltantes en vacunas claves (por ejemplo la vacuna de la meningitis) afectando hasta el derecho a la salud de los/as recién nacidos/as. En relación al Sistema de Protección de Derechos, hubo un ahogo presupuestario de hasta un 25% de recorte, más que nada en municipios de la provincia de Buenos Aires, lo cual implicó que muchas direcciones locales de niñez no tuvieran la capacidad de abordar las infinitas situaciones de vulneración de derechos que emergían producto de la debacle socio-económica. En la Ciudad de Buenos Aires se clausuraron hasta los propios hogares convivenciales del GCBA por problemas edilicios y superpoblación. Un informe realizado por UNICEF en el año 2019 muestra un poco la situación que venimos analizando. En una primera síntesis dice lo siguiente:

De manera general, los resultados del trabajo de campo muestran que, en relación con el año anterior (2017), las principales problemáticas en las familias en situación de vulnerabilidad son el desempleo y la precarización del mercado trabajo, aunado a un déficit habitacional y una precipitada pérdida del poder adquisitivo. Estas situaciones están impactando en la calidad de vida de las familias con niñas, niños y adolescentes, restringen su consumo, y ponen en riesgo su supervivencia, sometiéndolas a una mayor estigmatización y a situaciones de discriminación.

https://www.unicef.org/argentina/media/4776/file/Los%20efectos%20de%20la%20situaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20en%20la%20ni%C3%B1ez%20y%20adolesce ncia%20en%20Argentina.pdf

En lo que respecta a Alberto Fernández nos parece muy precipitado evaluar su gestión en términos integrales, dado que recién a los tres meses de mandato el mundo se enfrenta a un escenario sin precedente. La pandemia dificulta hacer una lectura certera en cuanto a política pública. Sin embargo creemos que ha mostrado muchos elementos importantes a tener en consideración. El plan Argentina contra el hambre ha tenido en cuenta madres con niños menores a seis años pretendiendo atacar situación críticas en cuanto a esta necesidad básica. El canal Paka Paka, un canal de televisión con contenido de calidad, educativo y de entretenimiento, se ha relanzado, y en esta época con una impronta en perspectiva de género, aunque aún es todo muy incipiente. Los niños y niñas suelen ser nombrados por el Presidente en sus discursos, incluso hablándole directamente a ellos y a ellas. A pesar de ello debemos reconocer que la situación es muy crítica, y hay cuestiones centrales a resolver, sobre todo vinculado a contextos de extrema pobreza y precariedad habitacional. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia ha realizado muchas acciones vinculadas a garantizar derechos como exenciones presupuestarias de emergencia para distintas jurisdicciones, apertura de nuevos centros de desarrollo infantil, confección de materiales informativos y pedagógicos para las familias en este contexto de cuarentena, e incluso acciones con distintos ministerios frente a temáticas centrales como la educación a distancia y la violencia de género. Por último, cabe destacar que a comienzos del 2020 el poder ejecutivo puso en agenda en las sesiones parlamentarias, el tratamiento definitivo de la elección de la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, después de 14 años de vacancia en el puesto, lo cual engrosa la capacidad del Estado en cuanto a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El desafío para la etapa que se viene y para la que estamos viviendo es inmenso. Niños, niñas y adolescentes necesitan de un Estado presente, con contención y políticas públicas de alcance real que tengan en cuenta la crítica situación social y proyectos emancipatorios en el mediano y largo plazo. En este sentido, desde la comisión de infancias y adolescencias del foro de Agenda Argentina que hemos llamado “Hablemos de Transformaciones” nos parece fundamental poner el foco en los ejes que enumeraremos a continuación. Estos puntos no pretenden excluir, ni cerrar ningún debate o propuesta sino más bien todo lo contrario. Son puntapiés iniciales para poder avanzar en la construcción de una patria más justa e igualitaria para todos y todas.

• Protagonismo de los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia. A partir de esta situación pensar su participación político/ciudadana en diversas dimensiones y con alcance real.

• La pandemia le ha quitado el velo a grandes desigualdades sociales. La escuela es una institución central en la vida de niños, niñas y adolescentes. Por esto nos preguntamos si hay que resignificar la escuela. Que ocurre con la relación espacio/estudiante. Brecha Digital y Deserción escolar como problemáticas nodales en el corto y mediano plazo.

• Los cuidados en la Argentina no han tenido en su historia una política pública que los regule. Hemos naturalizado muchas desigualdades en este sentido y se han visto reflejadas en durante esta pandemia. Que ha ocurrido con niños, niñas y adolescentes en este sentido. Que políticas de cuidado son necesarias, teniendo en cuenta una perspectiva de género. Y que situaciones de violencia que generó el encierro.

 

Juventudes
Las ´juventudes´ son mucho más que una conceptualización teórica que remite a una condición social, también son un actor social históricamente construido y configurado por el contexto. Las juventudes, en sus diversas expresiones, a lo largo de nuestra historia se constituyeron como actores trascendentales de transformación en nuestra Argentina, en donde el rol ocupado en diferentes hechos históricos fue de alto impacto y relevancia.

El modelo neoliberal que se impuso en la Argentina como programa político, económico y cultural en los años ’70 y profundizado en los años ´90, fue golpeando y resquebrajando el tejido social y reconfigurando la estructura social.

Esta reconfiguración social se caracterizó por la pérdida del lazo social y el debilitamiento de las instituciones materiales y simbólicas y una serie de consecuencias sociales y económicas que pusieron a las juventudes como uno de los principales sectores afectados.

Los jóvenes de hoy son herederos de conflictos sociales, políticos, económicos. Inclusive muchos han caracterizado a este grupo etario dentro de la coyuntura reinante como jóvenes del desencanto. Porque como expresábamos anteriormente, ellos de alguna forma han sido paridos en una época que desintegró los lazos sociales, las redes de relaciones, donde las instituciones de sociabilización primaria como la familia y la escuela muchas veces se presentan falentes para poder contenerlos.

“La diversicación, complejización, y especialmente, el deterioro de los mecanismos de integración de la sociedad actual, han significado que la vida para todos los actores sociales, pero especialmente para los jóvenes aparezca como incertidumbre” sostenía la investigadora Rossana Reguillo.

Desde la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional en el año 2003, se abrió una nueva etapa de fuerte participación política de las juventudes, pero además se pudo visibilizar y reconocer una agenda de demandas y expectativas propias. En el marco de la voluntad de transformación de gobiernos nacionales y populares hasta el 2015, el Estado, en sus diversas instancias, reconoció una agenda para las juventudes y fue dando respuestas a muchas de ellas a través de leyes, políticas públicas y programas. A pesar del fuerte avance y las grandes conquistas en materia de derechos obtenidas en los últimos años, las juventudes aún tienen serias problemáticas sin resolver. Y ese es el desafío que nos convoca.

Hoy con la llegada de un nuevo gobierno nacional y popular seguimos sosteniendo que no se puede pensar un proyecto político de transformación sin incluir a las juventudes en ese proceso de modo integral, transversal a todas las áreas y con real participación. Y esta incorporación para pensar las transformaciones se debe dar desde una lógica federal, e inclusiva que integre las diversas trayectorias identitarias y recorridos históricos, las diversas expectativas económicas, políticas, culturales y sociales de nuestras juventudes.

Llegó nuestro tiempo, “HABLEMOS DE TRANSFORMACIONES”, también, desde nuestras juventudes. El desafío es que podamos impulsar acciones y propuestas que garanticen las posibilidades para que los y las jóvenes puedan “habitar la juventud”, desde la consolidación de un PROYECTO DE VIDA, que refleje las realidades, las ideas, la identidad genuina de nuestras juventudes a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina.

Tres ejes de debate:

• Participación política de las juventudes en los diversos espacios sociales. Perspectiva de género

• Derechos sociales y consumo problemático

• Políticas públicas desde y para las juventudes. Transversalidad de las políticas públicas

El Foro virtual de Agenda Argentina "Hablemos de transformaciones: Debatir y proponer para gobernar" tuvo lugar el sábado 8 de Agosto, con el objetivo general contribuir al debate en torno a las transformaciones que debe encarar el proyecto político que lidera el Frente Todes. Desde la Comisión de Hábitat y Ambiente se promovió un espacio de debate sobre las condiciones de precariedad del hábitat y la vulnerabilidad ambiental de nuestros territorios, aspectos que inciden directamente en la vida cotidiana de la población, particularmente de los sectores sociales más postergados. 

En el contexto de la pandemia se ha visibilizado de manera dolorosa, por el arrastre de conflictos económicos, sociales y ambientales. Estas condiciones no son casuales, coyunturales ni naturales. Están asociadas al proceso histórico de implementación de un modelo de producción que genera exclusión y desigualdad social, por la distribución asimétrica de los recursos naturales, económicos y sociales identificables en los problemas concretos con los que conviven los sectores populares. La informalidad en el acceso al suelo para la vivienda y la producción; el alto porcentaje de trabajo informal; la gestión insuficiente de los residuos; el acceso deficitario a las infraestructuras y servicios urbanos; el hacinamiento crítico de los hogares; las condiciones ambientales adversas de las localizaciones de los barrios populares (inundaciones; basurales; contaminación del suelo; etc.); los desplazamientos de poblaciones por el avance de lógicas productivas que configuran zonas de sacrificio ambiental; etc. son algunos de los problemas recurrentes.

Dichas problemáticas lejos de ser un problema a solucionar post crisis económica, están inscriptas en un proceso que las antecede, y en ese sentido es necesario construir alternativas y acciones que den respuesta durante la emergencia como parte de la salida a la crisis. 

¿Cómo se distribuyen los recursos sociales (productivos, económicos, urbanos-habitacionales, profesionales)? ¿Qué impactos genera este modo de producción y distribución en la organización social y espacial de la población? ¿Cuáles son las experiencias que podemos restituir que promueven otros valores? ¿Qué tipo de diálogo debemos plantearnos con el Estado? ¿Qué tipo de políticas públicas debemos pensar para enfrentar estos problemas? 

La mesa de expositores estuvo conformada por Marcelo Loto, presidente de la cooperativa de Reciclando sueños -Margarita Gómez MNCI-MOCASE -Malena Tasat (Geografa, integrante de Asociación del buen vivir y asesora legislativa en el congreso nacional) -Juan Navarro, Red de Inquilinos de la Pcia de Bs As – M. Laura Brandolini. Directora Municipal de Vivienda de Lomas de Zamora. 

Participaron de la jornada pobladores, movimientos sociales y políticos, estudiantes, profesionales, especialistas, funcionaries, de distintas provincias del país, con el interés de aportar a la construcción de políticas públicas que persigan una producción más justa y equitativa, en términos sociales, ambientales y espaciales. 


FORMAS ALTERNATIVAS DEL ACCESO A LA TIERRA Y A LA VIVIENDA

La tierra se ha convertido en un objeto de acaparamiento cuya concentración y especulación afectan el acceso a una vida sana y digna para miles de pobladores del territorio nacional, tanto en el espacio urbano como rural. Mientras en el espacio agrario comunidades campesinas e indígenas se ven afectadas por las presiones de desalojos y  las crecientes “externalidades” inherentes al modelo agrícola hegemónico, en los espacios urbanos la renta de los commodities se traduce en una especulación inmobiliaria que dificulta cada vez más el acceso al suelo y a la vivienda digna por parte de sectores medios y populares.  

Planificar políticas públicas que breguen por transformar la perspectiva unilateral en torno al carácter privado/especulativo de la propiedad hacia una perspectiva que priorice la función social de la misma en vistas a garantizar el derecho al acceso a la vivienda, alimentos, trabajo dignos para las mayorías sociales. 

Por su cualidad estructural, las múltiples escalas y dimensiones del problema, es necesario un abordaje integral desde una mirada que incorpore de manera relacional la produccion del hábitat con el ambiente, revisando los modos del sistema de produccion urbana y rural. En tal sentido, existen a nivel nacional experiencias territoriales, políticas públicas y marcos normativos que avanzan hacia paradigmas alternativos a los de las lógicas productivas dominantes. A partir del reconocimiento de la soberanía alimentaria y la agroecología como alternativas capaces de contribuir al arraigo de las poblaciones rurales a sus territorios, conservar la biodiversidad y favorecer la producción de alimentos sanos y su comercialización con las comunidades próximas. Este cambio de paradigma, conlleva la posibilidad de resolver la conflictividad socioambiental creciente en los espacios urbanos vinculada a la exposición de los habitantes de la periferia a los impactos sanitarios del paquete tecnológico del sistema productivo actual. 

Desnaturalizar la propiedad privada del suelo como única forma posible de acceder al mismo; revisando conceptos como la función social de la propiedad, en el camino a políticas que regulen la especulacion sobre el valor del suelo urbano y rural, y la especulacion inmobiliaria. La vivienda de alquiler como forma de acceso a una vivienda digna, también es factible de abordarse como política pública. Sancionada la ley de alquileres, aún queda un largo  trecho por andar, para regular el sistema inmobiliario. 

Desde una perspectiva de derechos, se vuelve necesaria una política redistributiva, donde el acceso a la tierra para la vida está injustamente distribuído.


EL HABITAT DESDE UN ABORDAJE INCLUSIVO

La producción de un hábitat que garantice justicia social y ambiental requiere repensar los modos de uso y apropiación vigente de los territorios. Es necesario una perspectiva feminista, una ciudad pensada en su habitar cotidiano, con centro en las personas, apostando a la inclusión. Mejorar las condiciones espaciales supone redistribuir las oportunidades sin distinción de género, edad, clase, o etnia. Un territorio que incorpore a las mujeres, niñes, ancianes, discapacitades, reconozca las diferentes culturas / modos de vida, requiere políticas públicas atentas a incorporar las preocupaciones cotidianas de la población en sus múltiples realidades.

Es preciso que las políticas públicas de hábitat contemplen sus diferentes aspectos: el acceso al suelo, la producción de vivienda, los servicios públicos (residuos, agua, cloaca, telefonía, gas, electricidad) y los equipamientos (acceso a la salud, educación, centros de atención a la violencia, cultura, etc).

Tales políticas requieren un rol activo del Estado (en sus tres niveles: nación-provincia-municipios), en un trabajo articulado que permita una permanente y transversal participación en la planificación y ejecución de sus políticas por parte de los distintos actores del territorio. Asimismo es relevante destacar que la potencia transformadora de una política pública es concomitante a la interrelación del saber técnico con el popular.


REFLEXIONES HACIA UNA POLITICA DE HABITAT INTEGRAL 

- Políticas Públicas integrales. El orden social esta trasvasado por desigualdades de género, económicas y ambientales que se retroalimentan en la producción de injusticias sociales. Se requieren políticas públicas que redistribuyan los recursos en pos de una distribución equitativa para el conjunto de la población. Las perspectivas ambiental e inclusiva deben ser transversales a las políticas públicas y a las distintas áreas institucionales.

- Políticas publicas participativas.  Los Municipios, las Organizaciones Sociales, las Cooperativas, las Pymes y las Universidades, entre otros actores, deben ser parte activa en la planificación de las políticas públicas. 

- Construcción territorial y comunicación. La conformación de redes en torno a la producción social del hábitat y su socialización constituye una tarea fundamental de cara a la multiplicación de las experiencias que tienen por objeto alcanzar el derecho colectivo a la ciudad.  

- Modelos productivos y atores sociales: La transición de lógicas productivas de creciente externalidades hacia formas sustentables de producción requiere a la vez que nuevas líneas de financiamiento para emprendimientos productivos y recursos para el desarrollo de ramas de investigación, del reconocimiento de los actores y actrices que se desempeñan en actividades fundamentales para la produccion urbana y rural, aun que trabajen de manera informal; entre otrxs: recuperadorxs y recicladorxs de residuos sólidos urbanos, campesinxs y agricultorxs familiares, trabajdorxs de la construcción.


INTEGRANTES

PANELISTAS:

Malena Tasat: es Geografa, integrante de Asociación del buen vivir y asesora legislativa en el congreso nacional.

Margarita Gómez representante de la comunidad indígena Vilela de Rincón del Saladillo – Integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena CLOC Vía Campesina- como Delegada de la articulación de juventudes del movimiento.

Marcelo Loto, presidente de la cooperativa de recicladores urbanos Reciclando sueños, en La Matanza, buenos aires, y forma parte de la UTRA, Union de trabajadores de recicladores argentinos

Juan Navarro: Formó parte de la red de inquilinos de BsAs, es Responsable de Inquilinos Lomas. Forma parte del Estudio de Gestión Ambiental Urbana. Coordinó unidades productivas ambientales y de integración urbana (coop de viviendas, coop de limpieza de arroyos, huertas urbanas, reciclado urbano). 

María Laura Brandolini, Directora de Vivienda del Municipio de Lomas de Zamora. Forma parte de la coordinación del colectivo Proyecto Habitar. Ha realizado dirección, proyecto y seguimiento de obras de vivienda nueva, mejoramiento habitacional, proyecto barriales y urbanos con organizaciones sociales y municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Ha colaborado y editado libros y publicaciones en Proyecto Habitar. 


COORDINACIÓN

Lorena Putero (CESO)

Maite (Proyecto Habitar)

Ricardo (Proyecto Habitar)

Nicolas Forlani (Génera)

El 8 de agosto se realizó la comisión de Comunicación del Foro de Agenda Argentina coordinada por Mariana Angerosa, Mauro Brisio y Camila García y tuvo como invitados a Natalia Aruguete, Doctora en Ciencias Sociales (UNQ) y magíster en Sociología Económica (IDAES-UNSAM); Guillermo Elizalde, Del Ente Nacional de Comunicaciones de Mendoza; Mario Riorda, Presidente de ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales); Eliana Persky Politóloga, feminista, maestranda en políticas públicas y género y Victor Taricco Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Magister y Profesor de la Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA.

Mario Riorda planteó seis elementos básicos para la elaboración de una comunicación política efectiva frente a la pandemia: la actuación temprana, la actuación transparente, la actuación transparente y consenso político multinivel, consenso técnico sanitario y el consenso social sanitario, en un consenso signado por movimientos dogmáticos contra identitarios, dispersión de la agenda mediática y una multiplicidad de agendas que pueden confundir a los oficialismos. Luego planteó un escenario signado por una nueva intensidad: movimientos contra identitario y tribalismo; pérdida de centralidad en la agenda mediática y encuadres adversos y un flujo desinformativo y multiplicidad de agendas. De cara al futuro planteó algunos indicadores clave: 1. salida de crisis es certeza, no plan. avances parciales; 2. el riesgo no tiene metas, tiene rangos, rutinización; 3. el riesgo queda… y la gestión del riesgo es cultural: co gestión; 4. avanzar en comprensión de la cultura del riesgo (miedo, pánico, gestión); 5. federalizar el riesgo, sectorializar el riesgo, hacerlo convergente; 6. prensa condiciona pero rara vez determina; 7. lo estatal en su diversidad y nuevas agendas abiertas (cuidado con la ira); 8. el branding de los gobiernos es un híbrido (pero la cercanía es central); 9. las organizaciones frente al riesgo; 10. campañas electorales de fractura expuesta.

Natalia Aruguete analizó el vínculo entre las audiencias polarizadas y los mensajes del gobierno frente a la pandemia y como el posicionamiento político influye en la recepción de las campañas de cuidado. Percepción de riesgo e ideantidad político van de la mano. Los casos de Argentina, México y Brasil.

Guillermo Elizalde analizó las tareas del ENACOM, las políticas frente a la brecha digital y la necesidad de desplegar políticas para garantizar el acceso a la comunicación y a Internet. Analizó también el estado de avance de las políticas de digitalización y el estado actual de esta tarea frente a la pandemia; el problema de la brecha digital como un problema de exclusión y no acceso a derechos.

Eliana Persky buscó hacer un aporte respecto de las políticas públicas en relación a los discursos de odio, entendidos como un proceso de radicalización discursiva de las “nuevas derechas” que consisten en narrativas estigmatizantes, peyorativas y deshumanizantes contra alteridades como las mujeres, LGTBIQ, migrantes, pobres, afrodescendientes, marrones que se difunden a través de los medios de comunicación y con mayor velocidad por redes sociales. Esto lleva a preguntarnos no sólo por el rol de la comunicación política del gobierno y de la militancia sino también en relación a las políticas públicas que permitan contrarrestar los efectos de esos discursos y poner la mirada en dos poblaciones en particular. 

Victor Taricco planteó los desafíos de la comunicación a nivel social, ciudadanos, la necesidad de romper el aislamiento que impone la crisis sanitaria para recuperar la discusión política. Aislamiento sanitario no debe significar aislamiento (o fragmentación) política, es necesario agudizar el ingenio para mantener un espacio social de participación política intenso.